May 17, 2019 HORA DE OPINION Politica 0
El diputado consultó al juez federal y al fiscal por un operativo de efectivos de la PFA, que identificaron y fotografiaron a estudiantes de la Facultad de Agronomía.
El diputado provincial Eduardo Tindiglia elevó una nota al juez federal Juan José Baric y otra al fiscal general Leonel Gómez Barbella, en la que solicita información sobre los operativos policiales que sucedieron días atrás contra estudiantes universitarios, con el objetivo de conocer si los mismos fueron ejecutados en cumplimiento de un procedimiento legal y bajo control jurisdiccional y/o del Ministerio Público Fiscal, o se trata de un nuevo accionar arbitrario de la Policía.
La nota hace referencia a los hechos sucedidos el miércoles 8 de mayo del corriente año, cuando en horas de la mañana, en la parada de la terminal de ómnibus del transporte de la UNLPam, donde había estudiantes y docentes esperando el servicio. En esos momentos, personal de la Policía Federal solicitó los documentos de identidad y tomó fotografías a estudiantes sin explicar qué desencadenaba este accionar.
El episodio se hizo público ese mismo día por la decana de la Facultad de Agronomía, y a raíz de ello más estudiantes informaron que fueron interceptados de igual modo por la misma fuerza, y en ninguno de estos casos se informaron las razones de las solicitudes de documentación, como tampoco se informó las autoridades que estaban a cargo del operativo.
Tindiglia manifestó como “prioritario acceder a más información sobre estos episodios para entender cuál fue el objetivo de esas acciones y quien o quienes son los responsables de lo sucedido”, al tiempo que manifestó que “estas circunstancias nos preocupan enormemente como funcionarios públicos, ya que presentan todas las características de actuaciones al borde o por fuera de la legalidad. Las fuerzas policiales deben actuar exclusivamente en estricto respeto de la legalidad, de los derechos de los y las ciudadanas y en obediencia a órdenes legalmente emitidas”.
Respecto al accionar policial en este caso concreto, el legislador opinó que “si bien la Policía tiene la facultad de solicitar identificación a las personas, no se trata de una facultad absoluta, genérica ni abstracta, sino que debe ser ejercida en el marco de una actuación legal bajo la responsabilidad de funcionarios judiciales y con la debida justificación para el caso concreto. La exigencia de documentación a ciudadanos en la vía pública, en forma indiscriminada y arbitraria, constituye a priori, una actuación ilegal que nos preocupa y lamentablemente no estamos hablando de un hecho aislado”.
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