Ago 16, 2019 HORA DE OPINION Politica, PORTADA 0
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa condenaron al ex jefe de la Policía, Luis Enrique Baraldini, y al ex secretario de la Gobernación, Néstor Greppi, a 25 años de prisión en el marco del juicio de la Subzona 14 II.
A su vez, sentenciaron al médico policial, Máximo Pérez Oneto, a 16 años de cárcel y uno de los imputados, Luis Lucero, fue absuelto.
El ex policía, Athos Reta, Néstor Cenizo, Juan Domingo Gatica, y Oscar López, fueron condenados a 12 años de cárcel.
Por su parte, Hugo Marenchino, Antonio Oscar Yorio, Orlando Osmar Pérez fueron sentenciados a 10 años, Jorge Quinteros 8 años y Miguel Ángel Ochoa a 6 años.
LECTURA DE SENTENCIA.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa dio a conocer este viernes la sentencia en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura, en lo que será el segundo fallo tras el histórico juicio de 2010 en el que fueron condenados ocho represores.
La audiencia se realizó desde las 11 en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, en la avenida Argentino Valle 145, y fue televisada en vivo por Canal 3 y por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) a través de la página web del Centro de Producción Audiovisual (www.unlpam.edu.ar/CPA).
En las puertas del edificio hubo una manifestación de organismos sociales y de derechos humanos convocada a partir de las 9.30 por el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos y estará Nora Cortiñas, de Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
El tribunal que desde agosto de 2017 juzgó a 14 ex militares y ex policías acusados de participar en la represión ilegal ocurrida en La Pampa está conformado por su presidente Pablo Díaz Lacava, José Mario Triputti y Marcos Aguerrido.
Los querellantes son Franco Catalani, en representación del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos junto a Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca, la UNLPam, el Partido Comunista y las víctimas Juan Carlos Pumilla, Rafael Guardia y Graciela Bertón. Raquel Barabaschi, también víctima de la represión ilegal, es representada por Juan Resia.
Después de los alegatos, los acusados tuvieron la posibilidad de decir la última palabra antes del juicio pero utilizaron argumentos similares a sus declaraciones en el debate pero ni se arrepintieron ni pidieron perdón. La querella pidió que sean condenados los represores por genocidio.
Penas.
Los acusados son 14 en total. Entre ellos está Luis Enrique Baraldini, ex mayor del Ejército y jefe de la Policía pampeana durante la dictadura. Es un símbolo de la represión ilegal ocurrida en La Pampa. En 2010, no participó del juicio de la Subzona 14 I porque estaba prófugo en Bolivia donde fue capturado en 2011.
La fiscalía pidió para Baraldini una pena de 25 años de cárcel por delitos de secuestros y torturas cometidos contra 214 víctimas, y que la querella solicitó la misma condena.
El ex militar Néstor Omar Greppi, acusado por 91 casos, fue secretario general de la Gobernación durante la dictadura. Para el ex coronel del Ejército, la fiscalía pidió también 25 años de cárcel, al igual que la querella.
Para el ex médico policial Máximo Pérez Oneto (22 casos), la fiscalía y la querella solicitaron también 25 años de cárcel porque se dedicaba «al control de la tortura de las víctimas, la lógica era controlarlos y no matarlos para sacarles información» en la Seccional Primera, principal centro clandestino de detención.
Las querellas y la fiscalía pidieron las mismas penas también para Antonio Oscar Yorio (por 31 casos) sea condenado a 22 años de prisión, al igual que Néstor Bonifacio Cenizo (33), Carlos Alberto Reinhart (35)y Athos Reta (34); para Oscar Alberto «Miseria» López (23) y Juan Domingo Gatica (26) solicitó 20 años, 18 años para Hugo Roberto Marenchino (7), 14 años para Jorge Osvaldo Quinteros (4) y 12 años para Luis Horacio Lucero (1).
Diez años para Orlando Osmar Pérez (31) y Miguel Angel Ochoa (4) pidieron desde la querella, mientras que la fiscalía solicitó 12 años.
Por hechos cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976, todos están acusados por los delitos de genocidio, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en carácter de funcionario público con el agravante de hechos cometidos con violencia o amenazas, en concurso real con imposición de tormentos reiterados.
Pedido de reparaciones.
Los querellantes exigieron cárcel común para los represores; reparaciones «simbólicas» a las víctimas y que sean notificadas respecto de las condenas de sus victimarios; que se nombren a las aulas del Colegio «José Ingenieros» de Jacinto Arauz con el nombre de las víctimas; que se requiera a la Corte Suprema de Justicia un reconocimiento público al juez Juan de Dios Uncal y a cada una de las víctimas que pasaron por ese fuero como cobertura de los secuestros y persecución política; y que se ordene al Colegio Médico un acto de reconocimiento público y desagravio por el rol que ocupó la institución durante la represión.
Solicitaron que se ordene la reparación de los legajos de las y los trabajadores víctimas con el objetivo de reconocer y dejar asentado el verdadero motivo del cese de la relación laboral y pidieron a la Provincia que forme un espacio de la memoria en la Seccional Primera.
También pretenden que se identifiquen los demás centros clandestinos como la ex Brigada de Investigaciones, ubicada en Raúl B. Díaz y Río Negro, la Jefatura de Policía, el Puesto Caminero de Jacinto Arauz y la comisaría local, y de General Pico, Catriló y Rancul; la Unidad 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal, y el Regimiento de Caballería de Toay; y la publicación en los medios de la sentencia.
Además, pidieron que se le exija al gobierno provincial la creación de un «reservorio digital» que cuente con la documentación del juicio de la Subzona 14 y también para que se inicie en el ámbito legislativo la reforma de la ley que regula a la policía y otras normativas vigentes.
Por último, los querellantes solicitaron que se pida la habilitación al Obispado de Santa Rosa, como representante de la Iglesia Católica, para el acceso a los archivos entre 1975 y 1983 y que se haga lo mismo con la Delegación local de la Policía Federal y la Fuerza Aérea.
Un día histórico para La Pampa
Creemos que será un día histórico para la provincia de La Pampa, ya que después de un largo juicio, en su segunda versión, serán condenados los represores de la dictadura, expresaron desde el Partido Humanista en el Concejo Deliberante.
Ante la lectura del fallo en el juicio por la Subzona 14 II, señalaron que comandados por el ex militar Luis Enrique Baraldini, asolaron nuestra provincia con persecuciones, detenciones ilegales y torturas de todo tipo, las que afectaron fundamentalmente a militantes políticos, sociales y gremiales en todo el territorio provincial.
Explicaron los humanistas que después de un año y medio de iniciado este segundo juicio, fueron casi 200 testigos y víctimas de la represión los que participaron en esta causa, y que dejaron en claro con todos sus testimonios que los acusados fueron parte estrecha con el plan sistemático de aquella oscura y cruel dictadura.
Dijeron coincidir en su totalidad con el planteo de los abogados querellantes que sintetizan que los delitos cometidos por este grupo represivo son claramente delitos de lesa humanidad, y que demuestran ampliamente que La Pampa no fue una isla como se quiso hacer creer, y que por el contrario, fue parte integral del proceso represivo.
También los humanistas se mostraron de acuerdo con los argumentos legales enfatizando en rechazar la preexistencia de una guerra como justificación de la represión, como han argumentado los defensores de los represores, y que tampoco se puede justificar lo actuado amparándolo con la teoría de la obediencia debida, la que en un estado de derecho está circunscripta siempre a lo actuado en exclusiva bajo la ley.
Concentración.
El Partido Humanista manifestó su apoyo a la concentración de vigilia a realizarse a las 9.30 en el Colegio de Abogados y a la marcha posterior a realizarse hoy hacia la seccional primera, junto con la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, para solicitar que ese lugar, el que funcionó como un centro clandestino de detención, se transforme en el futuro en un espacio de la memoria.
Terminaron el comunicado diciendo que este hecho se inscribe en la ya consolidada democracia que todos supimos conseguir, y reafirma un estilo de vida de libertad y consenso pergeñado por tantos luchadores sociales y políticos a los largo de la historia de nuestro país.
La edila santarroseña Alba Fernández señaló que desde el Concejo Deliberante abrazaban a todos los compañeros y compañeras de las diversas fuerzas políticas y sociales que fueron víctimas de ese proceso represivo, y entre ellos, a los amigos que en los setenta comenzaron con el humanismo siloísta en nuestra provincia y a los amigos y amigas de otras fuerzas políticas.
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