Jul 03, 2020 HORA DE OPINION Politica 0
El fiscal federal solicitó la indagatoria del extitular de la AFIP para avanzar en la investigación sobre las maniobras realizadas contra las empresas del Grupo Indalo.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del extitular de la AFIP, Alberto Abad, en la causa en la que se investiga su actuación en la persecución del Grupo Indalo y como con distintas resoluciones fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.
“Los elementos recabados hasta el momento en la investigación conforman un cuadro de sospecha bastante sobre el actuar de quien fuera el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el período involucrado, contador Alberto Abad, quien, valiéndose de la autoridad estatal con que se encontraba investido habría adoptado una medida particular en miras a perjudicar a Oil Combustibles, contrariando las pautas establecidas en la ley”, afirmó el fiscal en la solicitud de indagatoria.
La causa que investiga Marijuan se originó a partir de una presentación del empresario y accionista del Grupo Indalo, Fabián De Sousa, quien denunció la persecución de las empresas pertenecientes al grupo, y cómo Abad utilizó a la AFIP para perjudicarlas.
En octubre pasado, De Sousa denunció el presunto «actuar de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos que a partir de medidas adoptadas con relación a empresas de medios del Grupo Indalo, habrían impedido que pudieran acogerse al régimen de facilidades de pago de carácter general implementado mediante Resolución General de AFIP 4557/2019».
En el pedido de indagatoria, Marijuan señala que “resultan objeto de investigación en la causa aquellos actos llevados a cabo a partir del año 2015 por funcionarios públicos que desde las altas esferas del Poder Ejecutivo o a instancias de aquellos, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habría producido perjuicios económicos tanto al mencionado grupo empresario, como al patrimonio nacional”.
Al respecto dice que solicita la presencia de Abad para indagarlo sobre los sucesos ocurridos cuando estaba al frente de la AFIP “en tanto habrían importado un desvío funcional en miras a cumplir con el objetivo de perjudicar a las empresas del Grupo Indalo”.
En febrero pasado, en el marco del juicio de Oil Combustibles, el exfuncionario Jorge Schiaffini confirmó, en su calidad de testigo, que la AFIP montó un “grupo de control” –irregular y con participación externa- sobre la petrolera Oil Combustibles y las empresas relacionadas al Grupo Indalo.
En aquella declaración, Schiaffini, autor del primer documento que motorizó el organismo recaudador respecto al “informe de situación fiscal” de la petrolera, se contradijo en varios tramos, aseguró no recordar bajo qué circunstancias le había sido encargado y dejó un manto de sospechas cuando enfatizó que venía siendo trabajado en borradores desde el 14 de marzo de 2016, cuando el caso recién se iniciaba.
“Yo sabía que esto se iba a presentar en el juzgado. Sabíamos que teníamos que entregarlo”, indicó Schiaffini que no lograba individualizar datos precisos respecto a las circunstancias en las que había tomado intervención desde la Dirección de Fiscalización a la que acababa de ser ascendido en la AFIP, en 2016.
Además, una serie de resoluciones de la AFIP firmadas por el extitular del organismo recaudador Alberto Abad llevaron a la petrolera Oil Combustibles a una situación que derivó finalmente en su quiebra sin poder volver a acceder a planes de pago.
Al asumir Abad dicta la RG 3827 del 5/02/2016 en la que establece el contexto de los planes permanentes de AFIP con miras a su gestión, e incluyó el ITC entre los impuestos indirectos que podían ingresar en planes de pago. Pero el caso Oil estalló públicamente en marzo cuando el propio Mauricio Macri mencionó televisivamente la situación de la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Al día siguiente, el 14/03, la AFIP denunció el caso ante la justicia por la deuda que acarreaba, y un día más tarde, Abad dictó la Resolución General 3836, donde alegando supuestas razones “aconsejadas” de “administración tributaria” modificó su propia normativa de febrero y quitó (a través del Artículo 3, inciso ñ) los impuestos sobre el combustible de la posibilidad de ser incluidos en los denominados “planes permanentes” para regularizar deuda que tenían vigencia hasta entonces.
Al quedar impedido de financiar ITC, Oil podría haber financiado otros impuestos en los planes habilitados para todos los contribuyentes para “pago voluntario”. Pero la AFIP reformó las “condiciones subjetivas de exclusión” el 22/03/2016 a través de la RG 3837 que ahora modificaba el Artículo 4 de aquella resolución general de febrero por “adecuaciones normativas”. Así, la corrección implicó que para quedar afuera de los planes bajo una acusación de un delito tributario, se cambiara el estatus de “imputado” que se debía poseer para ser excluido por la RG 3827, por el de mero “denunciado”, como era el caso Oil para ese momento.
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