Varias denuncias señalan que taxistas que hacen viajes entre provincias llevando pasajeros varados, por la cuarentena ante el avance de la pandemia, son obligados a cruzar el límite tucumano para luego, secuestrarles el vehículo, someterse a una cuarentena y «sugerirles» el pago de una contribución al sistema de salud para no hacerles una causa penal. El gobierno tucumano todavía no se pronunció.

La pandemia trajo aparejadas oscuras actuaciones de violencia institucional a lo largo del territorio nacional. En la provincia de Tucumán, han encontrado una nueva variante que si bien no incluye violencia física, involucra a la policía provincial, al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y a la fiscalía encargada de los temas relacionados a la cuarentena. Un modus operandi dirigido contra taxistas que llevan pasajeros, mayormente tucumanos, hasta el límite provincial. Una vez allí, los policías tucumanos obligan a los choferes a ingresar a la provincia y trasladar a los pasajeros hasta la ciudad -pese a que se negaban por no disponer del permiso obligatorio- para que se realicen los controles, y luego para no armarles causas judiciales les “sugieren” que realicen una donación voluntaria de 40 mil pesos. Desde el 11 de junio, se cuentan cinco casos, dos de ellos, de este miércoles, ya tienen representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

Los testimonios de todos los taxistas que llevan pasajeros varados de provincia a provincia coinciden en que al llegar al límite con Tucumán y por protocolos locales no pueden ingresar a la provincia por lo que  deben dejar a sus pasajeros para que cambien de vehículo. Los pasajeros habitualmente tienen que bajar y tomar un servicio local hasta la Terminal de Ómnibus donde agentes de salud los controlan y mediante declaración jurada se comprometen a hacer cuarentena. Sin embargo, en al menos cinco casos la policía los instó a continuar, asegurándoles que no requerían ese permiso –que entrega el Comité Operativo de Emergencias (COE)–. Una vez en la terminal no sólo les secuestraron sus respectivos autos, sino que al hacerlo los hacen bajar y así cometer un nuevo delito -romper la cuarentena- y para no hacerles una causa judicial les sugirieron que realizaran una “donación” de 40 mil pesos al Siprosa.

Este monto, que algunos piensan que se trata de una multa para que les devuelvan el auto es en sentido estricto una resolución abreviada de la causa penal, un suerte de probation, y como la causa les costaría la licencia algunos terminaron pagando. Fue el caso de dos taxistas de origen mendocino, que fueron los primeros en sufrir este atropello, y quienes además identificaron al mismo ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, como la persona que les dio el permiso de ingreso.

Sin embargo, cuenta Kraft, la policía de Santiago del Estero lo detuvo en la localidad de Loreto a instancias de la tucumana, y fue obligado a volver al límite con Tucumán. Antes de eso, el esposo de su pasajera, que es abogado, lo llamó para que esperara en la ruta que enviaban un auto a buscar a la pasajera y el niño, “pero eso está prohibido, así que no acepté, pero entonces una patrulla nos escoltó hasta Loreto, donde un comisario Ramírez, nos dice que tenemos que volver hasta el límite de Tucumán, con ellos acompañándonos y que ahí se hacía cargo la policía de cruzar a la señora. Con el cuento de ‘vos pasá que yo te sigo’, ellos se volvieron. Para ese momento el límite interprovincial estaba cerrado y misteriosamente todos nos quedamos sin señal. Entonces haciendo una ‘cápsula’ (una auto detrás y otro delante) me llevaron hasta la terminal de ómnibus”.

Para evitar largos detalles dignos de una historia kafkiana, allí no solo le informaron que no tenía permiso para circular en la provincia, Kraft que es un chofer con experiencia ya lo sabía y por eso se negó dos veces a entrar, sino que lo obligaron a bajar del vehículo para retenerle el taxi, con lo que a su vez lo obligaron a romper la cuarentena, lo que implica una causa penal. En este momento, el trabajador –sostén de familia– se encuentra aislado en un hotel por el que debe pagar mil pesos el día sin contar extras hasta que le hagan el hisopado. La fiscalía no se comunicó en ningún momento para aclararle su situación, sólo lo hicieron de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para interiorizarse del tema, ya que están interviniendo en otros dos casos.

Respecto de la “multa o donación” hasta ahora sólo se enteró por otros casos, pero Kraft explica: “No tengo los medios para afrontar un juicio ni la donación’”, y es muy claro en que se negó a entrar a Tucumán porque no quería problemas legales, “pero prácticamente me cazaron, me hicieron entrar a propósito”, explica lamentándose, aislado, en una situación que no debería encontrarse y sin ninguna explicación oficial que dé cuenta de que no ha infringido la ley.

La multiplicación de los casos ha generado varias sospechas sobre las causas del proceder de los funcionarios tucumanos, hasta el momento ni el ministro de Seguridad ni el fiscal han hecho declaraciones, que ya deberían estar dando. Sólo los relatos de las víctimas que han sido forzadas por las propias autoridades a infringir los protocolos y por eso terminan en cuarentena, con causas judiciales a menos que se allanen al pago “sugerido”.